Victoria laboral frente a la Administración Pública. El Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia ejemplar estimando íntegramente la demanda presentada por nuestra clienta, condenando a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias al pago de 13.223,43 € por diferencias salariales derivadas del desempeño de funciones de superior categoría.
Nuestra clienta, con una amplia trayectoria como personal laboral fijo, venía desempeñando desde hace años funciones propias de un Titulado Superior (Grupo I – A1), a pesar de tener reconocida una categoría inferior (Titulado Medio, Grupo II). Sus responsabilidades incluían la tramitación y ejecución de expedientes complejos, la elaboración de normativas y resoluciones, y la formación de coordinadores que desconocían el funcionamiento del servicio, asumiendo tareas de alta responsabilidad sin la retribución correspondiente.
Tanto documentales como testificales, acreditaron de forma clara que las funciones realizadas correspondían a una categoría superior.
Que dictó una resolución en 2022 asignándole temporalmente las funciones del puesto de Titulado Superior, evidenciando que dichas tareas no eran ocasionales ni accidentales.
Que obliga a abonar la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas, garantizando la protección salarial del trabajador.
Este caso demuestra que la movilidad funcional sin el correspondiente ajuste salarial vulnera los derechos laborales, incluso en el ámbito de la Administración Pública. Gracias a una estrategia jurídica rigurosa y fundamentada, conseguimos proteger los derechos de nuestra clienta y obtener una sentencia ejemplar que refuerza el principio de igualdad retributiva.
Analizaremos tu situación real. Si no encajamos, te lo decimos y te ahorramos tiempo y dinero.
